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Para los entendidos la puesta en marcha de la nueva Ley Agraria frenará el crecimiento de las agroexportaciones peruanas, debido al alza exagerada de los costes laborales y de producción. Con ello, muchas de las empresas agroexportadoras se verán obligadas a replantear sus inversiones, contrataciones y nivel de producción.
Si bien es cierto, el alza de los costes laborales se incrementará de manera significativa, debido al alza de la remuneración mínima vital (RMV), lo cual conllevará al incremento de gratificaciones y pago de la CTS, además que se deben incorporar mejoras en las condiciones de trabajo, es decir, nuevas asignaciones de alimentación, transporte, entre otras. Estos altos costos frenará de manera abrupta el crecimiento de las agroexportaciones en el país, ya que este sector ha sido clave para el desarrollo del Perú en los últimos años.
Gabriel Amaro Alzamora, director ejecutivo de AGAP, dijo que el Congreso de Perú derogó la Ley de Promoción de la Agricultura de Exportación, después de las masivas protestas de manifestantes contra este régimen especial, que era una ley promotora y que ofrecía todos los beneficios sociales a los trabajadores y había un régimen tributario. Ello permitió el crecimiento sostenido de las agroexportaciones peruanas.
Anota que esta iniciativa ofreció empleo a muchos pobladores de las regiones del país, desarrolló las zonas rurales, convirtió al país en un líder exportador, y una serie de beneficios como el pago del impuesto a la renta, entre otras ventajas positivas. “Así el 30 de diciembre de 2020 se aprobó la nueva Ley Agraria, que ofrece varios problemas estructurales como por ejemplo crea una remuneración mínima vital diferenciada al sector, sin ningún sustento técnico a través de un 30% de la remuneración mínima vital.
El ejecutivo lamentó que este nuevo régimen se aprobó de manera apresurada debido a la presión de muchos trabajadores que se encuentran en la informalidad, quienes son contratados a través de las services. “Esta nueva Ley dejó sin marco legal al único sector que venía creciendo a pesar de la pandemia y eso no pasa en ningún país del mundo. Y además se hizo un daño terrible a la imagen del país en el mundo, porque se consideraba al Perú como un país serio, pero ahora se bajó el índice de riesgo por esta situación de inestabilidad jurídica que se vive”.
Amaro dijo que este nuevo régimen hará que más empresas del sector vayan a la informalidad y los modelos de negocios se van ajustar a la nueva realidad. “Esta decisión política del estado peruano nos resta competitividad, habrán menos inversiones, por tanto otros países sabiendo esta situación aprovecharán este momento para atraer esas inversiones, como lo viene haciendo Colombia, que tiene cero pago a las rentas con atracción a las divisas”.
Anotó que otro problema de esta ley es que crea obligaciones a las empresas en un sector donde el Estado está ausente, sobre todo en las zonas rurales donde el sector privado se encargó de hacer obras como carreteras, energía eléctrica y otros, gracias al anterior régimen. Otro problema es que elimina los incentivos tributarios a las reinversiones y va quitar todos los beneficios tributarios. Muchos jóvenes van a salir de sus puestos, otras empresas mejorarán sus procesos automatizándolos para ser más eficientes y contratar menos personal. Antes había bonos por productividad, pero ahora ganarán menos
En otro momento, el ejecutivo dijo que la nueva Ley Agraria necesita hacer algunos cambios para recuperar todo este esfuerzo del sector privado y público. “Se tiene que recuperar la competitividad y hacer una verdadera Ley de Promoción Agraria que cumpla y proteja a los trabajadores del sector como debe ser y por otro lado que ayude a formalizar a los productores. Esta responsabilidad lo tiene el próximo Congreso y el sector privado junto a sus gremios ayudarán hacer las mejores propuestas para seguir por la senda del desarrollo y así generar empleo formal”.
